
El próximo 10 de diciembre se cumplirán 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El pasado 11 de abril, se cumplieron 45 años de la publicación de la encíclica Pacem in Terris del beato Juan XXIII. Estos dos aniversarios propician la reflexión sobre la situación de los derechos humanos en nuestra patria y la tarea que la Iglesia, experta en humanidad, tiene desde su misión evangelizadora en relación a los derechos humanos.
Por esta razón se eligió como tema de la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Asesor del 29 de marzo de 2008 el tema “La Pastoral de Derechos Humanos, a 60 años de la Declaración Universal y a 45 años de la Pacem in Terris”.
Dr. Gerardo Gil Valdivia, abogado con estudios en la UNAM. Posgrado en Harvard de Finanzas Públicas. Miembro del Club de Roma, asesor del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Asistió en representación del Presidente de la CNDH.
Dra. Clara Jusidman. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística. Actualmente es presidenta de INCIDE social. Participó en el Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México realizado por la oficina en México del Alto Comisionado de los Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es miembro del consejo ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Por parte de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS), participaron:
S.E. Mons. Gustavo Rodríguez Vega, obispo auxiliar de Monterrey y Presidente de la CEPS,
S.E. Mons. Miguel Angel Alba Díaz, Obispo de la Paz y Responsable de la dimensión Justicia, Paz y Reconciliación,
S.E. Mons. Luis Artemio Flores Calzada, Obispo de Valle de Chalco y Responsable de la dimensión Pastoral Social - Caritas,
S.E. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas y responsable de la dimensión de Pastoral Indígena,
S.E. Mons. Carlos Garfias Merlos, Obispo de Cd. Nezahualcóyotl y responsable de la dimensión Pastoral del Trabajo
S.E. Mons. Rafael Martínez Sáinz, Obispo auxiliar de Guadalajara y responsable de la dimensión pastoral de la Salud.
Pbro. Armando Flores Navarro, Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.
Pbro. Oscar Arias Bravo, Secretario Adjunto de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.
Por parte del Consejo Consultivo Asesor:
S.E. Mons. Samuel Ruiz García, Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas
Dr. Hernán Quezada García SJ
Dr. Alberto Montoya Martín del campo
Dr. Adalberto Saviñon y Diez de Sollano
Profra. Fidelina Ramírez Cruz
R.P. Miguel Concha Malo OP
Pbro. Antonio Sandoval Tajonar
Pbro. Camilo Daniel Pérez
Pbro. Manuel Velázquez H.
Secretarios de las dimensiones de la CEPS
Lic. Pedro Arellano, Dimensión pastoral penitenciaria
Lic. Jimena Esquivel, Dimensión Fe y política
Lic. Miguel Angel González Gámez, Dimensión Justicia paz y reconciliación
José Luis López, asistente de Caritas
El Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural a la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano ha señalado que la Iglesia es abogada de la justicia y defensora de los pobres. En ese mismo sentido el Directorio para el ministerio de los Obispos define al Obispo como profeta de justicia, defensor y padre de los pobres (PG 67).
En el seno de un sistema económico injusto, con disonancias estructurales muy fuertes, la situación de los marginados se agrava día con día. Las víctimas de estas dramáticas desigualdades son sobre todo los pobres, los jóvenes, los refugiados. En muchos lugares, también la mujer es envilecida en su dignidad de persona, víctima de una cultura hedonista y materialista. Ante estas situaciones de injusticia, el Obispo es defensor de los derechos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Predica la doctrina moral de la Iglesia, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural; predica la doctrina social de la Iglesia, fundada en el Evangelio.
La pastoral de los derechos humanos es expresión de la amorosa solicitud que la Iglesia tiene por el hombre y la mujer concretos, por la que trata de ir hasta donde está el ser humano excluido, vulnerado en su dignidad. La celebración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad (Juan Pablo II) y los 45 años de la publicación de la encíclica Pacem in terris, son una buena ocasión para preguntarnos por la Pastoral de los Derechos Humanos, por su situación en nuestra Patria y por la tarea que respecto a ella tiene la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.
La preocupación por los derechos humanos no es sólo coyuntural, pues toda la pastoral social tiene como principio básico la dignidad de la persona humana y los derechos y obligaciones que de ella se desprenden. Las experiencias que en el pasado reciente se han tenido por lo que ve a la pastoral de los derechos humanos deben iluminarse por la enseñanza del Papa Benedicto XVI que ha puesto junto a la importancia ineludible de la Caridad en la vida cristiana, el compromiso por la justicia. (Cf. DCe 28)
El Protocolo de San Salvador enuncia cuáles son los compromisos de los Estados con respecto a los derechos humanos que son respetar, proteger y satisfacer.
El principal problema es la desigualdad, que se manifiesta en todos los ámbitos sociales, desde el acceso a oportunidades de desarrollo, pasando por la distribución desigual de la riqueza, hasta el acceso a la justicia, ya que sólo tiene un juicio justo quien tiene la capacidad económica de acceder a una defensa profesional, para pagar un abogado.
Los índices oficiales de medición de la pobreza son: pobreza alimentaría, en la que se encuentran todas aquellas personas que no cuentan con los necesario para satisfacer la necesidad de alimento; pobreza de capacidades, que es la que padecen las personas que no cuentan con las capacidades económicas y oportunidades sociales para ejercer su derecho a la educación, y pobreza de patrimonio, que afecta a todas las personas que no pueden ejercer su derecho a la vivienda.
Según datos del CONEVAL, el 13.8 % de la población vive en pobreza alimentaría. Esto equivale a 14 millones 428 mil 436 personas, que no cuentan con los recursos necesarios para ejercer su elemental derecho a la alimentación. Dentro del medio rural, encontramos que una cuarta parte de la población vive en pobreza alimentaría, y es aquella en la que están concentrados los más altos indicies de pobreza, es decir 9 millones 433 mil 570 personas que no tienen lo necesario para vivir. Si revisáramos en algunos Estados el rezago en los índices de pobreza alimentaria, están por encima de la media nacional en el Estado de Chiapas el 47% de la población; en Oaxaca el 28%, y en Tabasco el 28%. En pobreza de capacidades se encuentra el 20.7% de la población, y en pobreza de patrimonio el 42.6% de la población.
A propósito de los servicios de salud, encontramos que el 49.7% de la población no tiene servicios de seguridad social. Por tanto no tienen garantizado este derecho, y se remiten a los servicios que ofrece la Secretaria de Salud. En algunos estados el porcentaje de la población sin este derecho garantizado rebasa la media nacional: en Chiapas, el 76.5%; en Hidalgo, el 62%, y en Guerrero el 74% de la población. La problemática es aún mayor, porque existe un deterioro de los servicios de salud pública, y en los últimos años se experimenta una falta de actualización tecnológica, así como la carencia de insumos, de personal y de presupuesto suficiente.
Sobre el tema del trabajo nos encontramos con el fenómeno de insuficiente generación de empleo formal, ya que la mayor proporción de creación de empleos se da en el área de eventuales. A lo que habría que añadir la caída del salario mínimo y el hecho de que se usa más tiempo para trabajar que para reproducir la propia vida. Las fuentes legales de generación de ingresos no han crecido: 7 de cada 10 empleos se generan en el sector informal, y el desempleo muchas veces trae consigo el aumento del crimen organizado y el contrabando. El saldo neto migratorio es que 580 mil personas salen del país y no regresan. La pregunta es ¿quién se ha quedado con las ganancias del crecimiento? Una clara respuesta es que los trabajadores no.
En el tema educativo la tasa de analfabetismo a nivel nacional es de 7.9%. Los Estados con los índices más altos son Chiapas, Guarrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, que van del 12.5% hasta el 19% de la población. El promedio de años de estudio en la población que tiene acceso a la educación media básica es de 8.1%. El promedio de personas que terminan la educación básica es del 88.1%. Acerca de la educación superior, que va desde licenciaturas hasta posgrado, sólo el 19.9% de la población alcanza esos grados de estudio, es decir 12 millones 278 mil 684 personas.
Se percibe que no hay un compromiso para avanzar en la legislación, con el fin de que el gobierno garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales. Un ejemplo son la mayor parte de los derechos sociales y ambientales, que carecen de mecanismos jurídicos e institucionales efectivos para su exigibilidad. Sobre el derecho a la vida y a la libertad, nuestra reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué libertad puede tener una persona, cuando no cuenta con condiciones para asegurar su supervivencia? No se pueden ejercer a cabalidad los derechos civiles y políticos, si no se cuenta con una base para poder ejercer los derechos económicos y sociales.
Otro elemento a considerar es el tema de la globalización y los Derechos Humanos. Para la globalización el tema prioritario es lo económico, en la que el mercado y la ganancia es el eje en torno al cual gira cualquier actividad humana. Esto ha generado la concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos y el aumento de los niveles de corrupción e impunidad, y provocando al mismo tiempo, la violación de derechos laborales, un sindicalismo muerto, fenómenos como la trata de personas y la vulneración de los derechos a migrantes, así como un grave daño al medio ambiente. Las consecuencias de este fenómeno son el debilitamiento de los Estados Nacionales, que son los primeros responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos y la comercialización de todo. Encontramos ausencia de sistemas de regulación y gobernabilidad. No existe todavía un marco que regule las relaciones humanas a nivel global.
El derecho a la vida y a la libertad, ¿qué libertad puede tener una persona cuando no tiene posibilidades de supervivencia? no puede haber libertades políticas y libertades civiles si no hay una base civil de derechos económicos y sociales; a un trabajo libremente escogido y aceptado, al goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias, al derecho a un mejor nivel de vida.
• Nuestra pastoral tiene que ser bio-céntrica, el derecho fundamental de la vida está deteriorado. Hoy en día el ser humano y su dignidad no es el criterio fundamental y se ha convertido incluso en mercancía. Ante esta realidad la Iglesia tiene que intervenir. Por lo que urge que la revaloración de los derechos humanos avancen hacia acciones eficaces. El reto es volver al fundamento, la dignidad de la persona humana, lo que se requieres es conocer la verdad sobre el ser humano desde la fe y desde una concepción ética. Devolver el sustento de los derechos humanos ante la paradoja: ha crecido la conciencia de los derechos humanos pero cada vez se ha devaluado más la dignidad humana.
• Los Derechos Humanos son tema transversal a todas las dimensiones de la Pastoral Social y a toda la acción pastoral de toda la Iglesia. Tenemos una gran riqueza en la Doctrina Social de la Iglesia. Necesitamos acompañar a los laicos en su formación. Recordar que la centralidad de la pastoral es la persona. Ver a la familia como educadora de la persona, ahí van los derechos civiles, ciudadanos, éticos, etc.
• Otro elemento es promover, incentivar la promoción de la participación ciudadana. El Documento de Aparecida nos dice que la promoción del laicado en su participación ciudadana y la labor pastoral en la Iglesia son una sola cosa, no habrá buenos ciudadanos si no son buenos hombres de Iglesia. La Iglesia necesita aplicarse en la promoción de los laicos; que el laicado sea protagonista, que del laico surja la iniciativa de organizarse para defender la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos, la jerarquía acompaña y fortalece el trabajo de los fieles. Una realidad es que las organizaciones civiles se sienten abandonadas por la Iglesia. Las que están trabajando por los derechos humanos, necesitan sentir cercana la compañía de los Obispos.
• Plantearse el desafío de trabajar con escuelas de inspiración cristiana, proponiendo materiales educativos que puedan dar como asignaturas y trabajarlos también con la ciudadanía. Tratar de desarrollar una propuesta educativa para estos ambientes.
• Estamos en un momento de volver a construir ciudadanía, de reivindicarnos, que la gente tiene derechos. Hay un retroceso enorme en términos de participación ciudadana, de transparencia. Se está viviendo un momento de retroceso en el diálogo de la sociedad civil con los políticos y empresarios. Es el momento de generar nuevos liderazgos, hay que volver a trabajar destapando la tubería. Un reto enorme es el tema de la formación para trabajar con los jóvenes.
• A la Iglesia Católica le ha fallado la política de comunicación social. La imagen que se ha difundido es en su mayoría de escándalos de personas que comenten errores por abusos, salvo algunas excepciones. Es importante rescatar la riqueza documental, milenaria de la defensa del ser humano. Si hay momento oscuros también debe haber muchos momentos luminosos y que son más.
• Se propone a los Señores Obispos de la CEPS la formulación de un documento orientador sobre la pastoral de los derechos humanos a la luz de las recientes intervenciones del magisterio de la Iglesia y la elaboración de propuestas pedagógicas destinadas a las familias, a los jóvenes y a las escuelas.
Boletín “La Cuestión alimentaria” en México y en el mundo, situación actual y perspectivas.